Ante la posible
vinculación del nuevo jefe del Ejército César Milani con el terrorismo de
estado, diversos sectores piden la
investigación necesaria que confirme o desestime las sospechas vertidas por
organismos de derechos humanos y por los testimonios de ex presos políticos y
ex conscriptos que lo involucran en acciones del plan genocida implementado por
las FFAA desde 1975 hasta 1983, así como también la posible participación en
los hechos conocidos como el Alzamiento Carapintada, que intentó derrocar el gobierno
constitucional de Raúl Alfonsín. Se pide la reapertura de la causa judicial que
investiga la desaparición de Alberto Ledo.
En el año 1975 el entonces subteniente Milani es designado
al regimiento de la provincia de La Rioja. Perteneció601 a nivel nacional, vinculado a innumerables
hechos de represión. En 1976 viaja a Tucumán llevando como asistente al
conscripto Alberto Ledo, hoy desaparecido. En circunstancias poco claras el 17
de junio del 76’
Ledo desaparece de su batallón luego de haber salido a realizar una ronda con
el capitán Sanguinetti y su desaparición es calificada por el Ejército como
“deserción”. Milani al ser miembro del cuerpo de inteligencia debió por lo
menos conocer los hechos referidos a Ledo, así como también, el asesinato de
los curas de Chamical, el soldado Villafañe y el asesinato de Monseñor
Angelelli, todos ocurridos durante el período en que él fluctúa entre Tucumán y
La Rioja. Ya
En el informe de la Comisión Provincial
Teniendo en cuenta estos hechos y el papel que jugaron los
cuerpos de inteligencia militar en la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional70’
resulta indispensable realizar una investigación a fondo que eche luz sobre la
actuación del Jefe del Ejército en el período más oscuro de la historia
argentina. Y en caso de ser necesario proceder a la separación del cargo a
César Milani.
Sobre este tema advertimos sobre las actitudes de ciertos
sectores de la oposición que intentan utilizar el hecho con actitudes
oportunistas. Sectores políticos que jamás se interesaron por la lucha por la
memoria, la verdad y la justicia hoy pretenden convertirse en los principales
defensores de una política que hace diez años ha logrado encarcelar a más de
200 genocidas, producir 400 juicios y comenzar la reparación histórica que el
campo popular exigió desde recuperada la democracia. Sectores políticos que en
muchos casos han sido parte civil del golpe y otros que hasta han llevado en
sus listas represores nombrados en el Nunca Más Riojano.
Creemos que no es momento para cuestionar la política de
estado que la argentina impulsa desde 2003 en materia de DDHH. Pero sí creemos
que es necesario para construir una verdadera democracia erradicar todos los
resabios del terrorismo de estado. Esto tiene que ver con la reapertura de la causa judicial que investiga la desaparición
de Alberto Ledo, una investigación profunda sobre la posible vinculación de
Milani con el terrorismo de estado. Finalizar con las actividades de espionaje
interno sobre sectores del campo popular. Anular la ley antiterrorista y toda
legislación pro represora. En fin llevar hasta el final la premisa de juicio y
castigo.
Para una verdadera democracia es necesario avanzar sobre la
separación de todas las fuerzas de seguridad (Armadas, Gendarmería, Policías,
Prefectura, Agencias de Seguridad Privadas), de todas aquellas personas que
estén vinculadas con el terrorismo de estado, hechos de corrupción, narcotráfico
y trata de personas.
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