El gobierno provincial
ingresa cada vez más en una profunda crisis de legitimidad, marcada por la
creciente conflictividad social, la respuesta violenta usando los aparatos del
estado y la falta absoluta de iniciativa política para remontar la caída de la
imagen y sumar nuevos sectores políticos a su espectro.
La conflictividad social ha venido reproduciéndose en una
espiral que comenzó un turbulento asenso desde la instalación del corte del
pueblo de Famatina, en Alto Carrizal. La realidad del sistema de salud
colapsado, la negativa a abrir canales de diálogo con las diferentes
expresiones gremiales para discutir los aumentos salariales en forma
democrática, la cruel decisión de ahogar a las municipalidades disidentes y por
consiguiente a los habitantes de ésas comunidades, demuestran lo que puede ser
el empecinamiento antidemocrático que no escucha o no entiende las
complejidades de una sociedad que no es la misma de los 90’ ni la de 2007, o
simplemente la incapacidad de generar iniciativa política capaz de estabilizar
el amenazado poder del gobierno.
La falta de legitimidad se manifiesta a través de un
peligroso autoritarismo que promete corroer más temprano que tarde las débiles
bases de la democracia riojana. ¿Con qué cuenta el gobierno para desplegar su
política? El manejo a discreción del gabinete ejecutivo, la Cámara de Diputados, la
mayoría de los intendentes, el PJ, la mayoría de los jueces y amplios sectores
de la prensa que actúan en connivencia con los intereses del poder político,
que a su vez, se empecina en representar y jugar el papel de socio menor y
garante de las empresas transnacionales que buscan apropiarse de las riquezas
de la provincia y que apoyan y financian toda iniciativa represiva sin importar
las consecuencias. A esto hay que sumarle el escaso e insuficiente apoyo político
de sectores diferenciados del bederismo (por ejemplo el lunismo).
¿Qué usa? Hasta ahora, teniendo en cuenta las declaraciones
del gobernador y el ministro de gobierno, se está planteando avanzar en la
criminalización de la protesta, como uno de los medios tradicionales de la peor
argentina, para intentar frenar el desborde social. Las declaraciones, hacen
recordar a viejos dirigentes mafiosos del PJ como fuera Quindimil en Lanús o el
vasco Othahece, político considerado el dictador del partido bonaerense de
Merlo, el cual gobierna desde hace 25 años. No se quedan atrás las
declaraciones de Felipe Álvarez, a quien no le importa disimular la injerencia
del ejecutivo en la justicia, recomendando “actuar contra los violentos”.
No se debe dejar de denunciar la silenciosa pero creciente
militarización de los departamentos del oeste, bajo pretexto de violencia
propalada por las asambleas ambientalistas. No es necesaria ni tolerable la
actuación de la infantería en lugares donde transitan civiles con ánimo de
expresarse. Las represiones de Chilecito, Famatina, el ataque con gas pimienta
a los alumnos del profesorado para proteger al Ministro Sileoni, son parte de
una decisión política, la de reprimir al pueblo.
En estas condiciones llega el aniversario de la provincia y
la tradicional marcha que amenaza convertirse en una tribuna del repudio a las
decisiones antipopulares del gobierno. Ante la probabilidad de concretar el acto
bajo la seguridad de las paredes de la ex Escuela Normal y realizar el desfile
en el Regimiento Nº 15 (Lugar donde se desaparecieron, encarcelaron y
torturaron cientos de riojanos en la última dictadura) la jornada puede
fragmentarse en tres actos diferentes. ¿Cómo se comportarán la diversidad de
sectores que pensaban marchar agrupados? ¿El quintelismo hará su propio acto?
¿Qué papel jugarán los gremios opositores? ¿Qué papel jugará la oposición
radical que sueña con que el avance de la desestabilización pueda desembocar en
un 2015 favorable a su partido? En toda esta maraña las asambleas
ambientalistas juegan un importante rol por sus cuestionamientos al sistema en
sus cimientos, su componente juvenil conciente, comprometido y muy informado,
su voluntad militante y su capacidad de movilización fruto de la conciencia y
la organización popular.
A pesar de todo, la oposición al gobierno provincial es
todavía un sujeto fragmentado, dominado por intereses sectoriales que aun no
puede organizar un frente capaz de golpear con un solo puño. ¿Se avanzará en
las discusiones políticas necesarias para crear un frente que incida sobre la
correlación de fuerzas o privarán los reclamos aislados?
Y ¿Cómo responderá el gobierno? ¿Seguirá apostando a la
represión, a la criminalización de la protesta usando todo el arsenal jurídico,
militarizando la provincia y desoyendo los pedidos del pueblo o buscará en lo
más recóndito de sus posibilidades una iniciativa política que le de oxígeno y
se decidirá por oír lo reclamado? Son tiempos interesantes para La
Rioja. La
¿Mas claro? Echele agua, pues!
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