miércoles, 13 de marzo de 2013

Famatina: Una relación para nada pacífica



La estrategia de la Diputada Adriana Olima de victimizarse para seguir ejerciendo violencia institucional y continuar con los beneficios de la función pública, queda al descubierta con solo repasar algunos antecedentes: traición al pueblo al mejor estilo Beder Herrera, pedido de revocatoria popular y apañamiento de los medios de comunicación hegemónicos. Desde LA BOCONA esperamos que el reclamo legítimo de un pueblo no termine con la criminalización de la protesta.

Causo sorpresa en la jornada de ayer la operación de prensa orquestada desde el entorno oficialista tras los incidentes que involucraron a la Diputada Olima y manifestantes antimegamineros en la localidad de Famatina.

Dicha operación consistió en la utilización de los medios oficialistas  para victimizar a la Diputada, quien  en actitud notoriamente exagerada apuntó sin prueba alguna a los supuestos responsables ideológicos de una manifestación de repudio en su contra que termino en forcejeos y con un agujero en la luneta de su auto.

Para comprender esto es necesario revisar la historia reciente de esta relación para nada pacifica. 

Olima  llego a la diputación encolumnada en la postura antimegaminera del actual Intendente Bordagaray, postura que también sostenía el por aquel entonces Vicegobernador Beder Herrera, para pasar luego sin escala a ser una promotora y defensora acérrima  de la megaminería, a sabiendas de haber traicionado su propia postura y que no cuenta con el consenso social necesario para impulsar esta actividad. 

Asimismo, cabe recordar que el pueblo de Famatina inició un proceso destitutivo de la Diputada a través de una revocatoria popular el año pasado, y la justicia adicta al oficialismo la salvó de una legítima cesantía por incumplimiento del mandato popular,  la relación entre el pueblo y la diputada ha alcanzado momentos de crispación. 

A los condimentos de esta relación (Diputada – pueblo) se le suman las sospechas que pesan sobre la edil de autorizar compras oficiales de distintas índoles en negocios de su entorno familiar más cercano, algo que  empeora aún más su situación.

En síntesis, cuando se ejerce  violencia institucional e indiferencia  es comprensible que las cosas no canalicen de la mejor manera, al margen de que a la violencia no debería responderse con violencia.

Lo de la Diputada Olima debería entenderse como una  aberración de la vida democrática donde el poder pasa por encima de la voluntad popular,  con todo lo que esto implica. En todo caso habrá que estar atento que esto no termine derivando en la criminalización de la protesta.

Foto: MediosRioja






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