domingo, 7 de abril de 2013

Editorial: Aumento por decreto, de paritarias ni hablar


Finalmente se debelaron las características del mentado y preanunciado aumento para empleados públicos provinciales. Al anuncio lo hizo el Ministro Guerra, responsable de la cartera de Hacienda del Ejecutivo Provincial "somos conscientes que no cubre las expectativas", dijo.

El primer aumento salarial del año alcanza el 12%, el mismo es de carácter remunerativo no bonificable a partir de los sueldos de abril para empleados públicos de planta permanente y transitoria de los poderes Ejecutivo, Legislativo y los municipios. El sueldo mínimo de bolsillo ascenderá a 3.388 pesos. En tanto, contratados y PIL recibirán una suma fija de 150 pesos como incremento de haberes, mientras que los becados 100 pesos. La mayoría de los gremios reclama un aumento del 30%.

El anuncio a cargo  del Ministro no alcanzo ni a rozar las expectativas de los empleados públicos, cuya gran mayoría  permanece al límite de la línea de pobreza, mucho menos impacto tuvo  sobre el  retraso salarial  estructural, porque  no es  solo el producido en referencia a  la inflación, que tiene un efecto desbastador en el poder adquisitivo de los sueldos, sino el retraso político al que viene siendo sometido el empleado publico, con el consentimiento a esto hay que aclararlo, de todo los actores del gobierno, de esto no se salva nadie, ni los intendentes ni diputados,  que avalan con los ojos cerrados todo acto del Gobierno. En ese sentido el anuncio no abrió  ninguna esperanza para los trabajadores ni despertó ningún debate hacia dentro del Gobierno.

La negativa a paritarias, instancia legal prevista para acordar los salarios entre patrones, en este caso el gobierno, y los trabajadores,  viene siendo negada y eso es una  grabe distorsión, casi folklórica  en el ideario gobernante de las ultimas décadas, pero real y en crisis. Tal es así que el trato que se le da al salario del empleado público no se diferencia en mucho las asignaciones arbitrarias de programas o subsidios,  lo cual es una distorsión y una injusticia  de larga data en nuestra provincia.

A la crisis del empleado publico se la siente pero se la niega y cualquiera entiende que esto es grave y que afecta a la mayoría, pero también entran en juego otras voces, que no niegan esta realidad que sufre el trabajador público, la de los sindicatos que se mantienen críticos  ante esto, a diferencia de la burocracia sindical que  en el mejor de los casos es conciliadora.

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