Democracia y libertad de expresión

Si hoy se cumplen 30 años de democracia ininterrumpida, ayer se puso fin a  33 largos años de libertad de expresión recortada por una ley de la dictadura, suplantada por la plena vigencia de la ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tanto desde el gobierno provincial como de la oposición manifestada en la legislatura no se oyeron voces de festejo por el fallo que obliga a los monopolios mediáticos a desconcentrar el poder de los medios masivos de comunicación.

Un 30 de octubre de 1983 ganaba las elecciones presidenciales el radical Raúl Alfonsín, luego de la más oscura dictadura que se haya implantado al pueblo argentino. Era un momento de algarabía enorme y las esperanzas de que la democracia se mantenga en el tiempo fueron una bandera sostenida por muchos sectores que la tuvieron que pelear en condiciones muy duras, a veces entregando la vida a manos de la represión que se quería eliminar, como muchos luchadores, piqueteros o Darío y Maxi. 

Durante esta democracia, a veces tutelada, otras con injerencia directa de sectores de la economía y de los Estados Unidos, muchos argentinos fueron tomando conciencia del valor de elegir a sus propios gobernantes, aunque la democracia no termine ahí. A veces se eligió bien, otras mal, pero el responsable siempre fue el pueblo y sus ilusiones (muchas veces víctima del engaño también). El 10 de diciembre se cumplirán 30 años de vivir bajo esta forma de gobierno, el período más largo en la historia de nuestro país. 

Durante este período se luchó también por devolver al pueblo la memoria y la plena libertad de expresión. En estos últimos diez años se comenzó a juzgar a los responsables del terrorismo de estado y se sancionó una ley acorde a los tiempos de cambio democrático y popular, que vive el continente. La ley de SCA sancionada por el Congreso de la Nación en 2009, se vio interrumpida por las acciones de los grupos de poder de los medios masivos de comunicación y del capital más concentrado a través de medidas cautelares dispuestas por jueces amigos de los mismos. Pero ayer, 29 de octubre de 2013 la Corte Suprema de la Nación falló en contra de esas medidas y desde hoy comienzan a regir los artículos apelados. Es decir, entra en vigencia plena la ley.

Diversos sectores se convocaron a festejar este triunfo de la democracia frente al Congreso Nacional. En la mayoría de las provincias se hizo lo propio. Pero en La Rioja ni el oficialismo ni la oposición abrieron la boca. El gobierno provincial acusado de hacer maniobras para alterar los resultados de las elecciones no hizo ninguna declaración, ni por boca de algún funcionario. Aún cuando el secretario de prensa y difusión Luís Solorza es el representante provincial del COFECA. Desde la oposición también reinó un silencio sepulcral, entretenidos en defender los votos y adjudicarse el triunfo de las elecciones del domingo.

Todos aquellos que se llaman a defender la democracia deberían también preocuparse o sincerarse con respecto a la aplicación de la ley 26.522. A estas alturas es cada vez más difícil esconder las relaciones entre los diversos sectores de la oposición y los grupos mediáticos monopólicos. Pero si se lucha por la democracia se debe luchar también por sus herramientas, en este caso, una ley pensada para que la información sea un bien público, un derecho humano del pueblo, que nadie pueda arrebatar en beneficio propio, ya sea económico o político.