El
Triubunal Oral en lo Criminal Federal absolvió a casi todos los gendarmes
acusados en la causa por aplicación del terrorismo de estado en Famatina
durante la última dictadura militar. Las audiencias habían comenzado en agosto
y las penas pedidas eran superiores a las aplicadas por la justicia. Familiares de los torturadores se burlaron de los
hijos de las víctimas a la salida del Juzgado. Reproducimos el comunicado de la
Asociación de Ex Presos Políticos de La Rioja. Luciano Benjamín Menéndez fue
condenado a 20 años de prisión.
Pensar en el veredicto del TOF que, hoy, absolvió a la mayoría de los gendarmes imputados en delitos de lesa humanidad por su actuación durante la dictadura cívico militar, en la zona de Famatina, deja una clara sensación que dicho resultado estuvo basado en el espíritus de las inconstitucionales leyes que sustentaban la teoría de la obediencia debida. Ver el llanto de los hijos de las víctimas y la burla de los familiares de los genocidas, que hasta unos minutos antes lloriqueaban cobardemente ente una previsible condena, justificó los gritos de los ex presos políticos y público repudiando la acción de los Jueces integrantes del Tribunal que preside Quiroga Uriburu.
Las pocas condenas que se dieron estuvieron lejos de los
pedidos por la fiscalia: Menendez 20 años, Britos 15 y el ex oficial Torres
Daram que tuvo a su cargo las partidas que detuvieron a las víctimas, solo tres
años. El resto de los imputados, cuya participación quedó comprobada ya que
Torres Daram no integró sólo las comisiones para detener a los pobladores,
quedaron absueltos.
Los fiscales Federales Darío Illanes y Horacio Salman tras
sus alegatos, habían solicitado la pena de "25 años de prisión
efectiva" para Menéndez por considerarlo "autor mediato de los
delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos en contra de dos o
más personas con accesorias legales y costas". Menéndez es acusado por
siete hechos en concurso real todos al momento de elevarse la causa a juicio y
por ser "el jefe de un plan sistemático de secuestro y desaparición de
personas".
Por su parte, para el gendarme Eduardo Britos la fiscalía
solicitó una pena de 23 años de prisión efectiva por ser "autor mediato de
los delitos de tormentos y secuestro de seis hechos en concurso real ya que
tenía "la misma fuerza o el mismo poder que el jefe del Escuadrón
24". Para el resto de los imputados, los fiscales solicitaron penas de 12
años para Manuel Torres Daram; 10 años para Normando Torres y Hernán Pizarro,
mientras que se solicitó 8 años para los demás ex integrantes de Gendarmería
Nacional, Cándido Aroca y Jorge García por ser "co-autores de los delitos
de privación ilegítima de la libertad".
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