La estrategia de la Diputada Adriana Olima de victimizarse para seguir
ejerciendo violencia institucional y continuar con los beneficios de la función
pública, queda al descubierta con solo repasar algunos antecedentes: traición
al pueblo al mejor estilo Beder Herrera, pedido de revocatoria popular y
apañamiento de los medios de comunicación hegemónicos. Desde LA BOCONA esperamos
que el reclamo legítimo de un pueblo no termine con la criminalización de la
protesta.
Causo sorpresa en la jornada de ayer la operación de
prensa orquestada desde el entorno oficialista tras los incidentes que
involucraron a la Diputada Olima y manifestantes antimegamineros en la
localidad de Famatina.
Dicha operación consistió en la utilización de los medios
oficialistas para victimizar a la
Diputada, quien en actitud notoriamente
exagerada apuntó sin prueba alguna a los supuestos responsables ideológicos de
una manifestación de repudio en su contra que termino en forcejeos y con un
agujero en la luneta de su auto.
Para comprender esto es necesario revisar la historia
reciente de esta relación para nada pacifica.
Olima llego a la
diputación encolumnada en la postura antimegaminera del actual Intendente
Bordagaray, postura que también sostenía el por aquel entonces Vicegobernador
Beder Herrera, para pasar luego sin escala a ser una promotora y defensora
acérrima de la megaminería, a sabiendas
de haber traicionado su propia postura y que no cuenta con el consenso social
necesario para impulsar esta actividad.
Asimismo, cabe recordar que el pueblo de Famatina inició
un proceso destitutivo de la Diputada a través de una revocatoria popular el
año pasado, y la justicia adicta al oficialismo la salvó de una legítima
cesantía por incumplimiento del mandato popular, la relación entre el pueblo y la diputada ha
alcanzado momentos de crispación.
A los condimentos de esta relación (Diputada – pueblo) se
le suman las sospechas que pesan sobre la edil de autorizar compras oficiales
de distintas índoles en negocios de su entorno familiar más cercano, algo
que empeora aún más su situación.
En síntesis, cuando se ejerce violencia institucional e indiferencia es comprensible que las cosas no canalicen de
la mejor manera, al margen de que a la violencia no debería responderse con
violencia.
Lo de la Diputada Olima debería entenderse como una aberración de la vida democrática donde el
poder pasa por encima de la voluntad popular,
con todo lo que esto implica. En todo caso habrá que estar atento que
esto no termine derivando en la criminalización de la protesta.
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