AMP planteó la inconstitucionalidad del Decreto que vulneró la Paritaria Docente

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AMP interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja, un recurso para declarar la inconstitucionalidad del Decreto 560/14, por violar las garantías de la Ley Nacional 23551, en lo concerniente a la representación de los trabajadores en los Convenios Colectivos de Trabajo. El recuso fue elaborado por el Departamento Jurídico del Sindicato y presentado la semana pasada en la sede de dicho tribunal bajo la denominación de “Acción Declarativa de Certeza por Inconstitucionalidad”.

La decisión de recurrir  al TSJ tiene que ver con la competencia natural  del mismo en las acciones emanadas del Poder Ejecutivo Provincial. El objetivo de Sindicato es que la justicia declare la invalidez constitucional del Decreto que habilito la participación en la Paritaria Provincial Docente  a sindicatos sin la personería gremial.

Pese a que en el 2008 se convocó a la  paritaria provincial a AMP mediante un decreto que se enmarcaba en la Ley Nacional  23551 y en las   garantías del Art. 31 Inc. “a”, que establece  que para participar en dicha instancia   es necesario poseer personería gremial de primer grado, el Ejecutivo Provincial  avanzo sobre los preceptos fundacionales de la Paritaria para habilitar sindicatos sin personería de primer grado que los faculte a participar en convenios colectivos provinciales.

En los  fundamentos generales que presenta el AMP para solicitar la acción Declarativa de Certeza, se   plantea que,  mediante la implementación del de Decreto 560/14,  “se desnaturaliza  de manera caprichosa, artera y funcional a la patronal, la interpretación del de los artículos 14 bis de la Constitución Nacional; el pacto Internacional de Derechos Económicos , Sociales y Culturales; la Convención de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y especialmente el Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Si bien el Decreto en cuestión esgrimió como fundamento un antecedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el convenio 87 de la OIT, el recurso para declararlo inconstitucional  presentado por el Sindicato,  desnuda en sus fundamentos,  la mala praxis en la que se incurrió a la hora de justificar el  Decreto,  que fue firmado  en el 2014,  por el entonces gobernador Luis  Beder  Herrera.