Por Félix R. Guerrero. Si la historia se repite, lo hace necesariamente en un contexto histórico
diferente al del siglo XVIII. En estos lugares, donde nacemos crecemos, malogramos nuestra existencia y
morimos dejando hijos huérfanos de futuro y herederos de una tradición colonialista
al parecer, ineludible. La historia se repite a contramano y con los semáforos
en rojo.
"Sarmiento y Alberdi querían cambiar el
pueblo. No educarlo, sino liquidar la vieja estirpe criolla y rellenar el
gran espacio vacío
con sajones. Esta
monstruosidad tuvo principios
de ejecución. Al criollo se
lo persiguió, se
lo acorraló, se
lo condenó a
una existencia inferior”.
Carlos P. Mastrorilli
El principio de ejecución al
que alude Mastrorilli sigue acometiendo con el afán de concluir su infame obra
colonizadora.
En los últimos años ha sido
notable el crecimiento exponencial de conflictos socio-ambientales en todos los
territorios del “tercer mundo” por la continuidad, profundización,
intensificación y expansión de proyectos encaminados al control, extracción,
explotación y mercantilización de bienes comunes naturales.
Acá en La Costa, como en
otros lugares, el argumento justificador, es “la creación de puestos de trabajo”.
En efecto, algunos puestos de trabajo se crean, pero su número es
insignificante en relación a las regalías de tierras, agua, subsidios,
exenciones, etc. De ese escaso número de puestos de trabajo, son pocos los de
“planta permanente”: La mayoría son contratos basura, es decir “tercerizados”
mediante el sistema de “cuadrilleros”.
El grueso del trabajo es absorbido por la
automatización de tareas como cosecha, siembra, limpieza, etc. (por ejemplo,
una maquina cosechadora de uvas puede dejar sin trabajo a mas de 300
trabajadores por finca).
La contracara es el
impredecible impacto ecológico (bombas para destruir nubes llovedoras,
fumigación intensiva con agrotóxicos, la disminución de los espacios públicos,
la destrucción y desplazamiento de la fauna y flora y autóctonas, etc.).
“En suma, las estrategias de
dominación del Estado y capital operan sobre la base de cuatro aspectos que
buscan ocultar y disfrazar el verdadero carácter del despojo:
1. Los proyectos de despojo
se presentan como medios para el desarrollo, progreso y bien común. Sin
embargo, este desarrollo no es igual para todos; al contrario, hay poblaciones
y territorios que son sacrificados y que su vida es transformada radicalmente.
Aquí, el Estado aparece como un árbitro neutral y autónomo de la lógica
económica. En su aparente búsqueda por garantizar la igualdad de derechos de
todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en nombre de la igualdad
jurídica propiedad.
2. Si bien sabemos que las
ganancias del desarrollo de unos cuantos son a costa del sacrificio de otros,
para evitar la oposición de las comunidades “afectadas” se les promete desarrollo local, crecimiento económico y
prosperidad social. Sin embargo, esta narrativa desarrollista es también una
apariencia, debido a que estos proyectos al funcionar con una lógica de enclave
-es decir, sin una propuesta integradora de las actividades
primario-exportadoras al resto de la economía y la sociedad-, no promueven los
mercados internos, ni generan los empleos prometidos. Lo cierto es que profundizan
las condiciones de desigualdad y miseria, debilitan o desmantelan la cohesión,
el arraigo y apego comunitario, y generan un proceso de desposesión y expulsión
que orilla a la migración y búsqueda de
oportunidades, principalmente en las ciudades.
3. Todos aquellos que se
oponen al “interés general de las mayorías” se presentan como intransigentes,
instigadores del orden y opositores del progreso, con lo que se busca
justificar el uso de la violencia para mantener el control social y no poner en
riesgo las jugosas inversiones del capital.
4. Los proyectos de despojo
han aumentado los niveles de presión sobre la extracción de recursos naturales,
intensificando la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de
suelos y, en general se han agravado de manera alarmante los niveles de
deterioro ambiental”.
Esta angustiosa ALERTA , nos
urge a los “costeños” a defender, cuidar
y recuperar lo perdido de las “dos orillas”: Del margen Oeste, la recuperación
de la privada quebrada de Anillaco y la
lucha por que se apliquen las leyes que impidan la privatización de las fuentes
de agua para consumo humano y sus cuencas donde quedan restos de la perdida
yunga; declarar a esta zona “Área protegida en riesgo ambiental” para frenar a
la irresponsable intervención humana en esos lugares y la implantación de
proyectos descabellados como “la villa de los esturiones” en Anillaco.
Del margen Este de la ruta
75 hasta en Rio de La Punta, hay que estatizar las tierras para llevar a cabo
una utilización racional de esa franja privilegiando los beneficios económicos
de los costeños, creando pasillos ecológicos para preservar la flora y fauna
autóctonas.
Hay que desmantelar esta
configuración que ha sido impulsada por las políticas del capital privado y con
la participación de los gobiernos en sus diferentes ámbitos y niveles, a través
de estrategias jurídicas, de cooptación, disciplinamiento y división de las
comunidades, represión, criminalización, para garantizar a cualquier costo la
apertura de nuevos espacios de explotación y mercantilización.
La supervivencia y
protección de los bienes comunes constituye una condición fundamental para la
continuidad de la vida, la cual puede seguir y potencialmente estar a cargo de
sujetos comunitarios, a partir de formas de autorregulación social que
incorporen entre sus principios frenos y controles al mal uso de los recursos.
Se trata de experimentar modalidades comunitarias que, mediante la confianza,
la reciprocidad, la cooperación y la comunicación hagan posible la gestión de
lo común sobre la base de una relación sostenible con la naturaleza. Una
cuestión central para la sobrevivencia humana frente a la crisis civilizatoria que
el mundo vivo enfrenta.-
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