El conflicto, que lleva tres días, muestra al Palacio Municipal rodeado de trabajadores en un clima de mucha tensión. Hasta anoche un grupo de manifestantes se encontraba dentro del edificio mientras otro, de mayor número, permanecía afuera esperando una respuesta. A la tensión de este cuadro se le suma una marcada presencia policial que incluye escuadrones de infantería apostados en las adyacencias del predio, por lo que muchos temían una intervención violenta.
A tono con otros lugares del país donde trabajadores fueron cesanteados de manera arbitraria por autoridades electas de Cambiemos, el nuevo jefe comunal, electo por el Frente para la Victoria, mostró su voluntad política de resolver por encima de la Constitución Nacional y las normas provinciales que regulan el funcionamiento del Municipio. El justificativo para el anuncio fue la supuesta existencia de irregularidades en los nombramientos y los “ñoquis”.
Respecto a la intención y los pretextos esgrimidos, Miguel Zarate, representante legal de los trabajadores asegura que “no hay ningún viso de legalidad en la medida, ya que no hubo ni sumario administrativo ni investigación previa o elemento de convicción previo que se pueda barajar para tomar este tipo de medida”.
Si bien muchos posan su miradas en la pica entre lo que dejo la anterior administración y las pretensiones del nuevo intendente, lo central está en la ilegalidad de una media que avanza sobre derechos adquiridos. Respecto a esto el Representante Legal expresó “Los trabajadores están en situación revista de empleados de planta permanente mediante un acto administrativo que ha sido sancionado por la autoridad competente en su momento, Ricardo Quíntela, en pleno uso de sus facultades, y ningún acto administrativo, mucho menos ilegal , sin ninguna investigación, ni sumario previo, sobre los cual se tome una decisión de suspensión o cesantía puede modificarlo. Es un derecho adquirido que tiene los trabajadores y no puede ser vulnerado”.
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