Recientemente
fue denunciado el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) por la inacción de la Justicia ante el jefe del Ejército, César
Milani, en la causa de la desaparición del ex soldado Alberto Agapito Ledo. En conferencia
de prensa se brindaron los detalles.
La conferencia se realizó el
jueves 27 de noviembre en las instalaciones de la Asociación de Maestros y
Profesores de La Rioja, y contó con la presencia de Rogelio De Leonardi,
Secretario de Derechos Humanos de CTERA, José Schulman de la Liga Argentina por
los Derechos del Hombre y las referentes de Madres de Plaza de Mayo de La Rioja,
Marcela Brizuela de Ledo, madre del joven asesinado por la dictadura, y su
hermana Graciela Ledo. También estuvieron las abogadas de la familia Ledo:
Viviana y María Elisa Reynoso y Adriana Mercado Luna.
Graciela Ledo explicó que
“esta denuncia es por violación a los Derechos a la Vida, a la Justicia y a la
Verdad, especialmente por la inacción fiscal en la causa de la desaparición de
mi hermano”, ocurrida en el monte tucumano en junio de 1976, cuando era
asistente del entonces subteniente César Milani.
Ledo recordó que “la causa
tuvo más o menos movimiento hasta agosto del 2013, cuando fue procesado el
capitán Esteban Sanguinetti, jefe del escuadrón donde estaban Alberto y
Milani”. “Desde entonces no ha pasado nada, –agregó– a pesar de que nuestras
abogadas solicitaron en tres oportunidades a la Fiscalía de Tucumán que se lo
llame a indagatoria a Milani, con suficientes y extensos argumentos”.
El principal argumento es
que César Milani “firmó el acta falsa de la presunta deserción de mi hermano de
las filas del Ejército y siendo su superior, debió haber sabido qué ocurrió
verdaderamente con Alberto”.
También recordó que “es la
segunda denuncia que hacemos ante la CIDH, pues la primera la hizo mi madre
ante los miembros de la Comisión cuando vinieron a la Argentina en plena
dictadura en 1978, abriéndose la causa 3518/78 y entonces, el gobierno militar
respondió con el acta falsa de deserción firmada por Milani”.
Desde que se procesó a
Sanguinetti –quien está cumpliendo arresto domiciliario por cuestiones de salud
en Tucumán– “la causa entró prácticamente en parálisis. Ya habíamos presentado
testigos que confirmaron que mi hermano era asistente personal de Milani y que
éste concurría a lugares en Tucumán donde se torturaba y desaparecía gente”,
dijo Ledo.
“Inclusive –agregó– el
propio Ejército, en aquel entonces informó que Milani cumplía operaciones
antiterroristas en Tucumán o sea que no se dedicaba a reparar o construir
escuelas como él sostuvo después”.
Para Graciela, “la última
acción de la defensa (que le pone gratis el Estado a Milani) de acusar a
nuestra abogadas de hostigar a sus testigos, es con la clara intención de
sacarlas de la causa y así paralizarla definitivamente”.
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