El
domingo 24 deberían haber asumido los nuevos diputados provinciales. Por
impugnaciones de la oposición y falta de expedición de la justicia el proceso
está suspendido. Mientras tanto la
provincia no tiene Función Legislativa y la democracia funciona sin uno de sus
poderes constitutivos. El Tribunal
Electoral Provincial prometió dar explicaciones el martes y la Cámara Nacional
Electoral aún no emitió resolución.
La elección se judicializó.
El partido Fuerza Cívica Riojana presentó tres impugnaciones ante la Cámara
Nacional Electoral que no se resolvieron. Cuestionan el escrutinio definitivo
como fraudulento al otorgarle el triunfo al Frente Para la Victoria por 770
votos. Cuestionan al juez Luís Brizuela, hermano del candidato Pocho Brizuela,
por incompatibilidad de funciones. Cuestionan al prosecretario electoral
Alberto Bruno que está casado con la apoderada del FPV Sandra Vanni, actual titular
de la ANSES por lo mismo.
Como las impugnaciones
fueron rechazadas FCR acudió al juez Herrera Piedrabuena, así la apelación
llegó a la Cámara Nacional Electoral. Pero esta tampoco obró expeditivamente.
El mundillo de los tribunales es algo casi inentendible para todos aquellos que
no sean abogados o jueces, pero nos ha quedado claro que sin una resolución del
conflicto en el plano del Poder Judicial no habrá Poder Legislativo.
Las aclaraciones del
Tribunal Electoral Provincial llegarán el martes, donde explicarán los
mecanismos y el estado en que se encuentra la elección, en palabras de Luna
Corzo, presidente del organismo.
La dura realidad es que los
riojanos y nuestras instituciones cabalgamos una fina línea entre las normas y
el poder patentado y ejercido desde un grupo que, si quiere, respeta las leyes
o no, pone candidatos testimoniales que, si quieren, asumen o no. Después
de un proceso eleccionario donde el clientelismo y la compra de votos formaron
un escenario de impunidad como pocas veces pudo verse en la provincia, la falta
de respeto a los ciudadanos continúa y cada día de un modo más grosero.
A 30 años de finalizada la
dictadura, los procesos institucionales permanecen bajo un manto de oscuridad
que no permiten un desarrollo pleno del ejercicio democrático. La Rioja se
quedó sin Legislatura al vencer los mandatos de los diputados salientes y/o
reelectos. Los 18 que pueden presentarse al recinto no pueden sesionar ya que
la ley establece la mitad más uno para poder hacerlo. La Rioja es hoy una provincia sin poder
legislativo, sin nadie que elabore las leyes o designe a los jueces. La
prepotencia y el desprecio han llevado a casi toda una generación de políticos
del Partido Justicialista a dejar el cuerpo institucional y democrático de la
provincia, lastimado y con muchos daños.
¿Cómo se repondrá la institucionalidad
riojana de este golpe? Sin duda hay que comenzar a cambiar muchísimas
cosas y esto es responsabilidad de los
partidos políticos y las demás instituciones, pero también de la sociedad que,
en los últimos años se ha preocupado bastante de su presente y futuro, aunque
todavía falte. En este caso nos corresponde nada más que defender las leyes
básicas, como la Constitución y exigirle a los gobernantes que las cumplan.
Parece una tontería, pero si los gobernantes no cumplen las leyes de la democracia
se parecen cada vez más al delincuente común que busca una justificación
personal para violar la ley en beneficio de sus propias ambiciones.
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