Los Derechos Humanos están por encima de los negocios

Grupo de Curas en la Opción por los Pobres -  Queremos manifestar nuestra profunda preocupación frente a hechos de violencia represiva y autoritaria relacionados con la resistencia a los proyectos de megaminería a cielo abierto en Famatina, La Rioja y la violencia extrema contra las comunidades Qom de Formosa.

El capitalismo ha separado la economía de la sociedad, y ha impuesto la acumulación de renta por encima de los derechos y las necesidades de las personas. La apropiación de la tierra y los recursos que contiene no pueden ser ilimitados. El interés económico no es un absoluto. Los derechos humanos están por encima de los negocios y los intereses privados por más legales que sean. Y las instituciones democráticas no están para proteger los negocios sino para garantizar los derechos humanos y la dignidad de los ciudadanos del pueblo argentino.

Famatina es un ecosistema semidesértico, la concreción del proyecto minero en el cerro representa la contaminación de la fuente principal de abastecimiento de agua para la población, el único curso de agua que reciben de la precordillera andina. El pueblo de Famatina, consciente de la contaminación y miseria que deja a su paso la megaminería, resiste este atropello. El 25% del territorio de la Provincia de La Rioja está afectado por la industria minera. Es verdad que la humanidad necesita una cierta cantidad de minerales para satisfacer algunas de sus necesidades, básicas o no. Pero también es igualmente cierto que el consumo excesivo de una parte de la humanidad está destruyendo las formas de sustento y el ambiente de la otra parte de la humanidad, que habita en áreas impactadas por la minería. La tierra es de todos y no de las empresas o los gobiernos. Los proyectos de la economía extractivista no son un dogma de fe. Pero para el gobierno provincial pareciera que la resistencia popular es una herejía castigada con una serie de recursos nada democráticos: represión, amenazas, persecución, listas negras y criminalización de la protesta social. Repudiamos la connivencia del gobernador de La Rioja Luis Beder Herrera con los intereses de la industria extractivista, la violencia injusta y abusiva, física y verbal contra el derecho a la protesta. Apoyamos la lucha del párroco Omar Quinteros en defensa de los derechos de la comunidad de Famatina y las Asambleas Ciudadanas por la Vida.

Otro atropello repetido y casi diríamos naturalizado, es la violencia extrema contra los pueblos indígenas y en este caso contra las comunidades Qom de Formosa. Amenazas, violencia, asesinatos, malos tratos, usurpaciones, racismo, son el pan cotidiano que amarga la vida de estos conciudadanos nuestros con plenos derechos cuyo “pecado” principal es habitar las tierras codiciadas por los terratenientes de la zona. En este caso también el Gobernador Gildo Insfrán es partícipe necesario de esta violencia que justifica con su complicidad. Exigimos que se respeten las instituciones de las comunidades Qom y se impida que sigan siendo despojados de sus territorios ignorando los derechos especiales reconocidos por la Constitución Nacional (art. 75), leyes internacionales, gobiernos nacionales y provinciales.

Exigimos que cese la represión y la violencia empujadas por la dictadura de la codicia y el dinero avalada desde los gobiernos provinciales.

Exigimos que se protejan los derechos de los pueblos de Famatina y Formosa: el derecho a la vida, el derecho a la manifestación libre de las ideas y el derecho a disponer de la tierra y los recursos que son de todos para satisfacer las necesidades propias de un buen vivir.

Y pedimos al gobierno nacional, que tanto ha hecho por la vigencia de los derechos humanos en nuestra Patria, que tome cartas en estos asuntos porque pareciera que cierra los ojos ante las atrocidades de sus aliados políticos. La mayor presencia del Estado es algo que celebramos, y en continuidad con esto reclamamos un estricto control sobre la minería y sobre los despojos de tierras a los débiles de nuestro país.

Soñamos ver flamear la bandera de los derechos humanos en todo el territorio argentino.

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