Alerta ante el peligro de que se instale la “teoría de los dos demonios”

El Partido Comunista de La Rioja,  alerta a la sociedad en general acerca  del peligro que representa la reinstalación de la “teoría de los dos demonios”,  como base ideológica en materia de Derechos Humanos. El alerta tiene que ver con una escalada político-comunicacional impulsada por “cambiemos”, la cual, además de representar un grave retroceso cultural que será pagado por generaciones venideras, implica el riesgo de que los crímenes del terrorismo de Estado queden impunes. Opinión Partido Comunista de La Rioja.

La llamada “teoría de los dos demonios”, justificó las atrocidades del “terrorismo de Estado” y hoy cabalga nuevamente montada en el poder de los medios corporativos. La “teoría” pretende poner en un mismo plano la magnitud de un acto genocida cometido desde el Estado, con  la  incipiente resistencia organizada de la clase trabajadora, surgida en esa época. Una falsa afirmación que  abre el camino para justificar los delitos de lesa humanidad.

  

Para entender estas medidas de manera crítica, es necesario tener en cuenta que la dictadura militar, que instrumentó la desaparición de treinta mil ciudadanxs argentinxs, fue promovida desde Estados Unidos, como en todo Latinoamérica, con la intención de someter la región a sus intereses económicos.

En el discurso comunicacional, se usaba y se usa de pretexto para reprimir la idea de un enemigo interno “muy peligroso”. De esta manera se señalaba a militantes de diferentes partidos políticos o agrupaciones a quienes estigmatizaban como “rojos”. Esta manipulación ejercida desde los medios explica también el silencio de gran parte de la sociedad ante el horror de la dictadura. 

Actos de gobierno y bombardeo comunicacional 

Para entender la postura de “cambiemos” en las políticas de Derechos Humanos, es necesario entender también los intereses de las corporaciones y sus socios locales, a quienes ésta reparación histórica los delata en su pasado criminal. Esto último se ponía cada vez más en evidencia, conforme avanzaban los juicios a los genocidas, donde las investigaciones derivaban  en responsabilidades de empresarios y jueces serviles. El caso Blaquier de los ingenios “Ledesma” en Tucumán, o el de “Mercedes Benz”, en Buenos Aires, son algunos de los casos emblemáticos de la connivencia de empresarios con la dictadura.

 Desplazar de la dirección del Archivo Nacional de la Memoria  a Horacio Pietragala, fue una de las primeras medidas del “macrismo” para anular un camino de reparación contrario a o los intereses de las corporaciones.

Para desplazar a Pietragala del Archivo, además de llevarse puesta la autarquía de la entidad, debieron pasar por alto también las advertencias de todos los organismos de derechos humanos, pero todo cuenta si entendemos que el Archivo es interés estratégico para quienes buscan impunidad,  pues es fuente de consulta para los juicios que se desarrollan en todo el país por delitos de la dictadura.

En la misma línea van los ataques que se le hacen a la procuradora Gils Carbó, a quien intentan destituir por diversas vías de presión.  De hacerlo habrán destituído a una funcionaria elegida por  la vía democrática, con un amplio consenso en el Senado,  o el hecho de que a menos de 24 horas de ganada la elección, el diario La Nación mediante una solicitada pidiera poco menos que el indulto a los genocidas.

De ahí en más se destacan:  la decisión del nuevo Secretario de Derechos Humanos de desmantelar el   Centro Ulloa, cuyo equipo de psicólogos contenía a víctimas, testigos y querellantes en los juicios, esto al mismo tiempo el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj,  recibía en su despacho a “ familiares víctimas de la subversión”. Más recientes pero en la misma dirección van los dichos del Ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, Dario Lopérfido,  quien puso en duda la cifra final de fallecidos y desaparecidos durante la última dictadura al señalar que “no hubo 30 mil, se arregló ese número en una mesa cerrada”.

 En este contexto, la intervención del Archivo Nacional de la Memoria, es algo más que un intento de blanquear un “curro”, como mediáticamente lo publicitan. Se trata de eliminar un centro de documentación, desde donde se provee la prueba de la participación de las fuerzas de seguridad y civiles en el genocidio argentino.

  

En La provincia de La Rioja se corre el mismo riego  en la “Megacausa” a donde se están juzgando  a 15 imputados por delitos de lesa humanidad;  como así  también la “causa residual” que investiga  los asesinatos de los curas en   en Chamical y Monseñor Angelelli.

La memoria es parte esencial de la soberanía cultural y la identidad  de los argentinos,  y así como muchos actores políticos del “campo nacional y popular”, los militantes comunistas  harán hasta lo imposible para preservarla.