Editorial: El silencio de los inocentes

 

Hace un poco más de diez días un vehículo oficial de la municipalidad del departamento Capital se estrelló, por causas que se intentan establecer, en cercanías de Agua Blanca, departamento Castro Barros, falleciendo dos de sus tres ocupantes. Lo que sí ha quedado establecido es que los obreros eran empleados de la municipalidad, viajaban fuera de su jurisdicción un día no laborable a la madrugada, con vehículo oficial y venían a construir la casa quinta de su jefe: el director de Transporte Miguel Soloaga, quien renunció un día después del accidente.

Después de un hecho semejante, más allá del dolor y la bronca de las familias, surgen preguntas. Preguntas que los medios de comunicación en general han pasado por alto convirtiéndose en garantes de la impunidad con la que actúan hace décadas los representantes del estado en todos sus niveles. La denuncia por conveniencia hace de los medios instituciones mercenarias donde la coyuntura política es más valiosa que la objetividad periodística y el respeto a sus usuarios.

Luego del accidente desde la municipalidad de Capital emitieron un comunicado tratando de falsear y engañar a la opinión pública aseverando que el vehículo y los empleados viajaban hacia Aminga para realizar tareas solidarias. Un día después el secretario general del municipio Enrique Díaz Brizuela admitió que los empleados municipales se trasladaban en una camioneta perteneciente al parque municipal a realizar una loza en la casa de fin de semana del ahora ex director de Transporte Municipal Miguel Soloaga. “Es algo que habían pactado ellos” indicó, agregando: “Lo que ocurrió es que los empleados de la Dirección de Transporte, habían solicitado un vehículo para realizar una tarea solidaria, querían darle una mano a un compañero que en este caso era el encargado de ellos que se estaba construyendo una vivienda familiar en Aminga” justificando el abuso por parte del funcionario.

Las preguntas. ¿Por qué razón tres empleados municipales viajan un domingo, en vehículo oficial a realizar trabajos particulares en la casa de su jefe? ¿Intercambiaban trabajo por días de devolución? Si era así ¿bajo qué leyes un funcionario municipal puede disponer del tiempo de los empleados y de los vehículos oficiales para construirse su casa de fin de semana? ¿Qué ocurrirá ahora, alcanzará con la renuncia de los funcionarios involucrados o deberán comparecer ante la justicia por tamaña falta a sus deberes de funcionario público? ¿No debe responder acaso el poder político responsable?

Unos días después el fiscal municipal Emilio Rodríguez afirmó que desde su tarea comenzarían a realizar una investigación al respecto. No se supo nada más al respecto luego de que el mismo fiscal protagonizara una serie de apariciones públicas anunciando que se había labrado un acta por mora contra el Ministro de Hacienda Ricardo Guerra por no transferir fondos al municipio, reclamo justo si los hay.

Llamativamente, o no, la mayoría de los medios masivos de comunicación no profundizaron en el hecho gravísimo de la muerte de dos empleados públicos bajo un halo de corrupción e impunidad.

Como en la genial película El silencio de los inocentes donde el dolor de las víctimas es el alimento de los asesinos, la impunidad del poder pareciera alimentarse del dolor, la impotencia y el silencio de los inocentes, de aquellos que deben pagar con su vida los caprichos materialistas de funcionarios de segunda que quieren vivir como los mejores.

Toda La Rioja continúa pasando por alto la justicia de las víctimas que por vinculación de los hechos con puntos nodales del poder político no se investigan y se archivan en los armarios más oscuros de los tribunales para que no los encuentre nadie. En el departamento Castro Barros son varios. En la provincia muchos más.