Desalojaron a una familia en Anillaco – 2da. Parte

El viernes 17 de septiembre al mediodía desalojaron a la familia Rodríguez de la casa deshabitada del Bº Difunta Correa que habían usurpado. La vivienda en cuestión pertenece a Dardo Delgado, conocido como el Paya, vecino costeño que reside en la localidad de San Pedro. Luego de que hecho tomará estado público en medios locales el Intendente Del Moral intervino. La familia Rodríguez fue ubicada en el edificio de la vieja Destilería de Anillaco  y el Intendente prometió que en 30 días tendrán su casa. Nuestro compañero Félix Guerrero visitó a la familia en el provisorio lugar, y luego dialogó con uno de los hermanos de Daniel Rodríguez.  El resultado de estas entrevistas es la nota que presentamos…
 

LOS UNICOS PRIVILEGIADOS

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. 

Cualquier persona civilizada puede reconocer los derechos de la familia y los niños en particular en lo que concierne a las necesidades básicas de las personas. La Constitución de la Nación Argentina garantiza, entre otros derechos, el derecho a una vivienda. Los candidatos a cargos electivos (a intendentes, diputados, gobernadores, presidentes), enfatizan y prometen esos derechos durante sus campañas proselitistas a sus probables votantes y a los que probablemente no los voten (mostrando una clara postura democrática). Hasta ahí todo bien. El problema surge cuando en su afán de asegurar el voto, los candidatos ofrecen viviendas a quien no las necesita, y sin que tenga que residir, necesariamente, en el departamento, tampoco en la provincia. Existen exitosas técnicas para vulnerar a las leyes electorales, y hacer posible estas maniobras ilegales.

Una vez en el poder, hay que cumplir con algunas promesas, por lo menos con las más forzosas para mantener el poder en pié. En el reparto siempre pierden los más débiles: los más pobres, los más confiados, los que no tienen voz ni fuerza para imponerse y reclamar sus derechos. A este grupo pertenece la familia de Daniel Rodríguez, protagonista, en estos días de la usurpación de una vivienda.

Usurpación es una palabra que en este caso, se aplica cuando un “jefe de hogar” con niños pequeños y  embarazo con inminente parto, en su desesperación, toma una casa deshabitada, para meter a sus hijos y mujer bajo techo. Queda demostrado que esta palabra no se usa para explicar que a  un ciudadano de la Costa y a su familia se le ha despojado (usurpado) de su derecho a una vivienda digna.

Ante la solución desesperada del ciudadano “usurpador”, despierta de su letargo el aparato del poder para poner las cosas en orden y proceder al desalojo: operativo policial como para repeler un asalto a mano armada, el Juez de Paz Lego que estrena su voz para defender la sagrada propiedad privada (aunque esta provenga del IPV y U), y la jueza de minoridad y familia cierra las puertas en las narices a la familia en desgracia aduciendo que no puede enfrentarse al poder político.

Resultado final: La familia viviendo en precariedad a costa de la caridad pública y con la promesa del Intendente del Moral de que a fin de mes tendrá, esta familia, una vivienda propia, de los planes de erradicación de ranchos.

Si el Intendente cumple, este drama tendrá un final feliz, pero todo parece indicar que la promesa no se cumplirá (en corto plazo al menos). Si esto ocurre así, este caso figurará en la lista de las injusticias crueles de este mundo cotidiano,  pero si hacemos una lectura política, debemos decir que este caso es un fracaso de la DEMOCRACIA.

                                                                                                                    FELIX R. GUERRERO