Desde
las redes de medios comunitarios, cooperativos y populares, y de carreras de
comunicación rechazamos el nuevo avasallamiento institucional, político y legal
perpetrado hoy por el gobierno, a partir del anuncio de otro Decreto de
Necesidad y Urgencia, que terminaría de barrer en los hechos con la Ley más
debatida, de mayor consenso y participación popular desde el regreso de la
democracia.
La medida se justificó en un curioso concepto formulado
por el Jefe de Gabinete Marcos Peña: “la desconcentración o no, no puede ser el
objetivo, sino la pluralidad”.
Nos vemos en la necesidad de reafirmar una vez más lo
obvio: la concentración de la palabra en pocas manos es el mayor obstáculo para
la pluralidad de voces, y que sin desconcentración en la propiedad de los
medios no es posible la democracia.
Las redes abajo firmantes, junto a innumerables
organizaciones sociales, académicas, sindicales, profesionales y los más
renombrados especialistas en Derecho de la Comunicación, fuimos activos
constructores y partícipes de la ley vigente, concebida como una herramienta
indispensable para una comunicación más democrática y plural, así como hemos
sido permanentes custodios y demandantes de su aplicación total y efectiva,
sistemáticamente saboteada por maniobras judiciales que pretendieron –y
lograron- evitar justamente eso que hoy se pretende relativizar en el discurso
pero evidentemente es prioritario para los impulsores de este nuevo DNU: la
desconcentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Todo el proceso
de debate y sanción de esta norma fue impulsado y acompañado por un amplio
abanico de sectores que excedió largamente al gobierno saliente, incluyendo a
expresiones que estaban en su oposición, por lo que repudiamos que se nos
insulte y trate como a simples peones de una “guerra entre el gobierno y
Clarín” como excusa para anularla por decreto y a contramano de derechos y
tratados internacionales.
Nos preguntamos de qué manera es posible resguardar la
vigencia y aplicación de las leyes actuales mientras se debate una nueva, como
prometieron los ministros, cuando en la práctica siguen anulando sus
competencias y disolviendo las instituciones por ellas creadas a través de
decretos.
Rechazamos las definiciones del ministro Aguad orientadas
a que “el mercado” sea el único árbitro de la actividad de los medios, porque
la historia nos enseña de sobra que impera la ley del más fuerte detrás de las
invocaciones a la “libre competencia”, y porque desconocen toda la legislación
con rango constitucional que define el acceso a la comunicación e información
como derecho humano, y no como mercancía.
Rechazamos la eliminación de nuestros representantes en
el Directorio del organismo y otros espacios, que nos permitían algún grado de
injerencia y representación en el diseño de las políticas comunicacionales.
Convocamos a los legisladores nacionales para intervengan
y soliciten una reunión urgente con el presidente y una convocatoria a Sesiones
Extraordinarias del Congreso en defensa de las instituciones y el funcionamiento
democrático, para frenar este nuevo atropello que pretende acallar y limitar
las voces y posibilidades del pueblo y sus organizaciones para expresarse por
sus propios medios.
Redes
de Medios Comunitarios, Cooperativos y Carreras de Comunicación
- AMARC - Asociación Mundial de Radios Comunitarios
- FARCO - Foro Argentino de Radios Comunitarias
- RED COLMENA - Red de cooperativas de comunicación
- RED COM - Red de Carreras de Comunicación
- ARECIA - Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina
- RED PAC - Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias
- FADICCRA - Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de Argentina
- Barricada TV
- Pares TV
- Canal 4 TV
- Urbana TV
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