Denuncias
sin pruebas, hechos de gravedad institucional desestimados, visitas de
candidatos y la agenda de la memoria y de la lucha contra la violencia
institucional. Todo esto en una semana en que los medios le ganaron a la
política.
"En
un tiempo de engaño universal
decir
la verdad es un acto revolucionario"
George
Orwell (foto)
La oposición política argentina aprendió a usar los
medios masivos de comunicación como los nuevos cuarteles donde planificar las
acciones desestabilizadoras que antes realizaban militares funcionales a
intereses económicos empresariales y extranjeros. El gobierno kirchnerista con
un oído en el pueblo y otro en el capital pone en jaque, aunque con mucha
reticencia, las bases históricas de los sectores más ricos de la Argentina, que
decididos a no perder ni un centímetro de terreno, no dudan en usar todo lo que
está a su alcance para corregir el lapsus de tímida distribución del ingreso y
justicia social.
Un nuevo capítulo de esta disputa, habitualmente con los
trabajadores y la mayoría del pueblo en calidad de espectadores, fue
protagonizada por la entusiasmada UCR riojana, en la cara de uno de sus
diputados menos mediáticos: Walter Cruz. Capítulo que de nuevo presenta una
operación conjunta entre multimedios, ONGs y, quizá la vanguardia más expuesta
del conglomerado opositor: La oposición política diluida en un arco
derechista. La operación responde al
manual que se viene usando hace varios años: Denuncia escandalosa, ausencia de
pruebas, puesta en marcha del inconmensurable aparato de propaganda, TV, Radio,
diarios, web y un enorme ejército de comunicadores entrenados.
El
hecho. Casi dos meses después de las elecciones provinciales,
finalizado el escrutinio, proclamadas las listas ganadoras, se denuncia un tipo
particular de clientelismo político: La compra de la libertad de votar con
mariguana. La denuncia no se hace en la
justicia sino en un programa de TV. Con el correr de la semana toma un vuelo
mediático virulento y el diputado provincial radical copa las pantallas y los
discursos del periodismo opositor. Más allá del testimonio no hay pruebas
concretas. En la jefatura de policía no hay registros de ningún procedimiento
antidrogas el día domingo 5 de julio. El Fiscal Hugo Montivero, titular del
Ministerio Público revela que tampoco hay denuncias realizadas en fiscalía y
que una de las mujeres que testimonia en el informe televisivo guarda un grado
de parentesco con el diputado. Luego Cruz es llamado a declarar y se niega a
hacerlo porque no lo dejan entrar con su abogada. Ya está planteada la
persecución del gobierno a la oposición.
La
denuncia de por sí es de alto voltaje. La UCR denuncia el
clientelismo existente hace varias elecciones, pero el condimento nuevo sería
la supuesta exacerbación moral de, ya no comprar votos con colchones y comida,
sino con drogas. Es decir, se acusa al
gobierno provincial de no solo manipular una de las elecciones más improlijas
de la historia sino también de avanzar sobre la degradación moral de la
sociedad, fomentando el consumo de mariguana a cambio de votos. Esto para los
que crean que consumir mariguana sea un acto de degradación moral, aclaramos.
Y el eje está puesto en la moralidad ya que, mariguana y
bolsón de comida son igualmente clientelismo. Esa moralidad donde la oposición
funda todos sus actos, denuncias, plataformas políticas y proyectos de
gobierno.
Preguntas.
Ahora bien, ¿Por qué se esperó casi dos meses para hacer pública una situación
de tanta gravedad? ¿Por qué la ONG Transparencia Electoral no hizo lo que tiene
que hacer (y por lo que recibe enormes cantidades de dinero) y fiscalizó las
elecciones y denunció irregularidades en el momento? Desde este medio nos llama
la atención que la ONG Transparencia Electoral y su capítulo argentino Poder
Ciudadano, que deben fiscalizar desde la imparcialidad, tengan en su Consejo de Administración a
directivos y socios del Grupo Clarín y de ADEPA.
La
reacción desde el gobierno. Después de siete años de gestión
bederista sabemos que poco les importa el cumplimiento de la institucionalidad.
Se esperaba quizá una sanción ejemplificadora. Una denuncia presentada sin
pruebas, en un programa de TV, por un funcionario público. Pero las sanciones
en épocas de campaña se miden, no por el cumplimiento de la institucionalidad,
sino por el grado de afectación política. Y echar un diputado por mentiroso es
inconveniente para la imagen del gobierno. Entre los miembros del PJ se cubren
y cuando el escándalo toca a la oposición también se cubre porque es
inconveniente. Como cuando en 2013 la AFIP descubrió menores de edad en la
finca del diputado nacional por la UCR Julio Martínez. Nadie explicará tampoco
la inexplicable decisión de la cámara de desafuerarse en masa y el mamarracho
protagonizado por el Fiscal de Estado Gastón Mercado Luna y el diputado del PJ
Guzmán Soria. Y es que hay que remontar la derrota electoral de las PASO en
Capital y Chilecito.
La oposición, en La Rioja y en todo el país, avanza con su estrategia de ir creando
pequeños focos de denuncia mediática y hacer el mayor daño posible. No hay discusión
de política pública, no hay proyectos superadores al desgastado esquema de
gobierno del PJ desde 1983. Con la denuncia y la indignación moral no se
gobernará mejor, aunque cada vez sea mayor el número de ciudadanos que así lo
piensan.
Visita de Massa. Párrafo aparte la visita y la exposición mediática del
candidato a presidente Sergio Massa, que obviamente se sumó a la indignación
generalizada, visitó una familia pobre y defendió a los empresarios ex dueños
del Banco Rioja, que recibirán hasta el último centavo por su parte. Tampoco se
entiende por qué los radicales se abrazan tanto con un peronista que competirá
con su candidato impuesto por la decisión del congreso partidario: el
empresario Mauricio Macri. Quizá por la
visita de Massa los medios de comunicación, oficialistas, privados, opositores,
se olvidaron que en nuestra provincia se sigue desgarrando la memoria por
justicia en el Tribunal Oral Federal y que con la lucha incansable de su madre,
Sara Canciani, comenzó el tercer juicio por el asesinato de Roberto Agüero,
ultimado por el oficial de policía Eduardo Tello en 2005 quien fue dos veces
condenado y dos veces liberado. Cuestión
de agendas.
Del otro lado el
FPV continúa con la defensa de un proyecto que quiere confrontar al
conglomerado de poder económico y mediático con candidatos como Scioli y Aníbal
Fernández y gobernadores como Beder Herrera, Manzur, Felner, Insfrán, solo por
nombrar algunos.
Excelente análisis!!!
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