Desde el SITRAPP analizaron
la situación salarial actual en relación a los aumentos otorgados en marzo.
Pérdida de poder adquisitivo, aumentos en negro, jubilaciones, programas y
clientelismo convierten al estado provincial en el primer empleador en negro.
Piden la posibilidad de conformar una mesa salarial, como una deuda del
gobierno provincial, donde se puedan tratar salarios, asignaciones,
precarización y carrera administrativa.
A través de un comunicado de
prensa, autoridades del Sindicato de Trabajadores Públicos Provinciales (SITRAPP),
expresaron:
“Si bien acá el gobierno se
jacta de haber dado incrementos salariales, no hace a la mejora de la situación
actual, donde nos encontramos que el incremento del combustible, los alimentos,
la canasta familiar, han trepado tremendamente en los últimos meses. Nos dan
dos aumentos que ni siquiera son paliativos. No cubren necesidades y tampoco
impactan en el mercado. Tenemos una recesión donde los comercios están
perdiendo plata. El empleado público cobra para pagar sus deudas. Muchos buscan
otro trabajo por la tarde, lo que complica el panorama a aquellos trabajadores
desocupados. Nosotros queríamos que el 12% que se aumentará en octubre
sea mucho antes. Y sobre todo, que se de la posibilidad de conformar una
mesa salarial, cosa que es una deuda del gobierno provincial.
Desde el gremio proponemos
que el 12% que está anunciado para octubre sea inmediato. Lamentablemente vamos
a cobrar un aguinaldo diezmado, que también a perdido poder adquisitivo sin las
correspondientes actualizaciones. Lo mismo pasa con las asignaciones
familiares, que lo seguimos denunciando, queremos una equiparación con las
asignaciones nacionales y privadas. Entonces queremos un incremento para
contrarrestar la inflación. Hay inflación y el gobierno provincial debe
plantearse el tema y buscar soluciones concretas en los salarios de los
empleados.
Además todos los incrementos
que se han venido dando no impactaron en el sueldo básico, por lo tanto no lo
hacen el materia de aportes jubilatorios. Actualmente un empleado público al
momento de jubilarse se encuentra con una jubilación mínima, que es lo mismo
que acceder al beneficio jubilatorio por ley sin aportes. Muchos compañeros con
treinta y hasta cuarenta años de antigüedad no quieren jubilarse, porque a
veces teniendo una categoría 20, hasta la 24, la jubilación no pasa de los $
3.000. El trabajador que se jubila de la APP pierde. Mucha gente busca un nuevo
trabajo después de jubilarse porque no le alcanza.
Si se hubiera hecho un
convenio, como con salud, donde los compañeros tienen un básico de $ 1.000 o $
1.500, estaríamos hablando en otros términos. La administración central
necesita una recomposición salarial por el hecho de que la marcha de la
economía la está absorbiendo. Somos los nuevos pobres. Cuando escuchamos a la
presidenta decir que no hay pobreza en La Rioja nos parece lamentable.
El gobierno provincial tiene
una lógica política, una lógica de clientelismo, la cual funciona de acuerdo a
las campañas electorales. Se malentiende el sistema de programas que envía
Nación, se hace un mal uso. El gobierno nacional insta a todas las provincias a
ir en contra del trabajo en negro, pero nuestra provincia lo fomenta para tener
mano de obra barata, tener al compañero de rehén. Gente que no tiene el derecho
de reclamar nada, porque si salen a la calle les dicen: estás despedido. Si
tienen beca, contrato o subsidio lo pierden. Juegan con la necesidad, la crean,
para tener cautivos de sus políticas y, a su vez, va limpiando al empleado
público, lo va dejando de lado. Corremos el riesgo de que la
Administración Pública se componga en el futuro con toda gente precarizada. Más
del 90% del personal de las escuelas es precarizado. El estado provincial
fomenta el empleo en negro, es el principal empleador en negro. Es el primero
que evita el pago de las asignaciones, de una cobertura médica, de una obra
social, así como también las retenciones que se deben hacer para una futura
jubilación.”
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