Con un sueldo solo no alcanza, con una policía tampoco.

Bajo la idea de reforzar la seguridad el concejal quinielista Harry Pérez presentó un proyecto para promover una policía de jurisdicción municipal en el distrito capital. Mientras la interna peronista pasa un cuarto intermedio, desde uno de los sectores parecen querer entender la iniciativa política a la ligera y no pudieron menos que idear una nueva fuerza policial para controlar el delito en La Rioja. Opinan referentes de organizaciones políticas y de Derechos Humanos.

En la última sesión del CD capitalino el concejal Harry Pérez (PJ) lanzó un proyecto dirigido a crear una fuerza policial dependiente de la órbita municipal. “Estadísticas indican un marcado crecimiento del delito contra la propiedad, en distintos puntos de la ciudad, por eso, esta posibilidad de atender las necesidades del ciudadano” afirmó Pérez sin citar ningún tipo de fuente, como argumento de defensa. No se privó tampoco de criticar: “en la capital se triplicaron los casos de delitos, en la zona sur especialmente, mostrando que la Policía de la Provincia está en otra cosa, en otra acción y no trabajando por la ciudadanía”. Con respecto al financiamiento reconoció que el municipio deberá hacerse cargo. La inversión podrá ascender a $500.000 mensuales incluyendo sueldos de $5.000, infraestructura y equipamiento. Si bien se refirió a un posterior desarrollo la iniciativa en una primera etapa estaría pensada para las tareas de prevención urbana pero, no dejó de hacer hincapié en “detectar delitos en flagrancia, por eso, solicitaremos a la Cámara de Diputados, que acomoden las leyes, para que toda acción delictiva pueda ser juzgada”, metiéndose de lleno en el territorio del delito menor, olvidando que las causas de prevención de condiciones delictivas son la principal tarea de un representante político, a través del diseño de políticas públicas.  

La iniciativa está ligada a la creación de otras fuerzas de este tipo en otras provincias, sobre todo en el conurbano bonaerense, ideas surgidas en la década del 90, que hunden sus raíces en el sistema policial norteamericano formado por una pluralidad de cuerpos pertenecientes a las distintas Administraciones Públicas, Central (Federación), Autonómico (Estados), Provincial (Condados) y Local (Municipios). Como se ve, muy lejos de la realidad latinoamericana.

LA BOCONA consultó a distintos referentes sobre el tema, si bien aun hay muchas cosas por dilucidar, el tema reviste una importancia que por su posible incidencia trasciende la interna entre los poderosos del PJ.

Lucía Maraga, expresa política y luchadora por los derechos humanos decía: “Es una iniciativa que no hace falta, es una propuesta para defender un interés determinado. Si la organización de la sociedad fuera más justa no se necesitaría tanta seguridad. Hay que llevar la discusión al plano de la organización social, al modelo, a la distribución de la riqueza. La sociedad y el estado deben crear soluciones para no caer en este tipo de cuestiones”.

Rogelio De Leonardi, secretario de Derechos Humanos de CTERA, dijo “en principio es algo torpe desde el punto de vista presupuestario, es un proyecto que deja muchos interrogantes”.

Fernando Gómez, integrante del FROP (Frente Riojano de Organización Popular) comentaba: “La iniciativa tiene que ver con el oportunismo frente a la coyuntura que se vive. Se habla de 25.000 policías afectados y ningún tipo de respuesta han dado desde la seguridad. La seguridad no se resuelve desde la represión, sino de la justicia social. Esta iniciativa no tiene ningún tipo de sustento ni económico, ni material para sostener una fuerza represiva. Es una propuesta oportunista y alocada. El concejal Pérez no tiene el peso político necesario para llevar adelante una iniciativa de este tipo.

Por el momento la iniciativa ha sido cuestionada por diversos sectores vinculados a la problemática. La inseguridad, una realidad presente y acuciante, requiere de diversas perspectivas para su abordaje, en donde tal vez la creación de una nueva fuerza represiva estatal sea el caso menos indicado para brindar soluciones. Sobre todo cuando la municipalidad de capital se encuentra en emergencia económica hasta el punto, por ejemplo, de haber restringido la recolección de residuos a 5 días por semana a causa de falta de presupuesto.