A
través de un comunicado las Asambleas Ciudadanas de La Rioja hicieron pública
su postura respecto a los intentos de ser criminalizados a través de una
denuncia penal presentada por la empresa MIDAIS, expulsada por el pueblo de
Famatina. Denunciaron el ejercicio de violencia institucional de parte el
gobierno provincial a quien acusan de usar un complejo
mediático-político-judicial para transformar la lucha por la soberanía y la
autodeterminación de un pueblo en delito. Aquí la declaración completa.
Declaración de la Asamblea
Ciudadanos por la Vida de Chilecito, Asamblea El Retamo de Nonogasta, Vecinos
por la Vida de Campanas, Asamblea Riojana Capital, Asamblea de los Llanos por
la Vida
Ante la denuncia de la
minera MIDAIS SH (que opera en Angulo- Dpto. Famatina) a vecinos e integrantes de las asambleas,
entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo
derecho a la protesta y la autodeterminación de los pueblos, ya que es la base
para la preservación de todos los demás derechos. Si estos derechos nos faltan,
todos los demás derechos están en riesgo.
Una vez más, denunciamos públicamente al gobierno de La
Rioja por profundizar su estrategia antidemocrática de criminalizar la protesta
social, presentando ante la sociedad a la lucha por nuestros derechos, como
delitos. Y a los luchadores, como delincuentes.
De esta manera el gobierno
pone en marcha dispositivos institucionales que deberían estar al servicio del
pueblo, como a la policía y a la justicia,
para proteger a las empresas explotadoras de las personas y la
naturaleza, reprimiendo, deteniendo y judicializando a los obreros y vecinos
que defienden los legítimos derechos a tener un trabajo digno y un ambiente
sano. Como ocurre con los obreros de la empresa aceitera AMURAI en Vichigasta y con pobladores de los pueblos
de Famatina y Chilecito.
La criminalización de las
luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar y
desarticular a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que
se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de
sus necesidades, cuestionando la miseria y la opresión, en un claro acto de
disciplinamiento, imponiendo el poder antidemocrático de la fuerza y la
dominación social.
Hoy se pretende sancionar a
las organizaciones populares a través del espionaje y la persecución penal de sus integrantes y el
encarcelamiento utilizado como “castigo ejemplificador” para frenar el
conflicto acallando y domesticando las disidencias. Corriendo el eje de la
injusticia denunciada hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”,
una “amenaza para el orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando la
lucha.
Para conseguir sus fines se
están utilizando estrategias tales como: crear causas con mentiras, falsas
denuncias a partir de autoatentados, como lo hizo la minera MIDAIS, en
complicidad con un aparato policial y judicial que rápidamente actúa
incriminando a vecinos sin contar con las pruebas que acrediten la denuncia.
Esta operación política
utiliza los medios de comunicación amigos del poder para desparramar la mentira
con el claro objetivo de generar malestar social contra los luchadores.
El aparato del Estado en su
conjunto ha sido puesto a disposición para que los grandes intereses económicos
vayan allanado su camino hacia una creciente privatización y mercantilización
de la Naturaleza, aún en contra de la voluntad mayoritaria de las poblaciones
afectadas. En nombre del ‘desarrollo’ y la ‘generación de empleo’, el
territorio provincial es entregado a grandes enclaves extractivos, cuya
insustentabilidad socioambiental y económica resulta manifiesta. Las legítimas
reacciones de resistencia de las poblaciones locales en defensa de la tierra y
las fuentes de agua sólo han dado lugar a atropellos sistemáticos de una
virulencia creciente.
Desde hace 8 años venimos
denunciando la violación a los derechos de los pueblos con metodologías que van
desde la cooptación hasta la judicialización, y desde la vía libre al accionar
de las patotas hasta la represión estatal directa, para quebrar las redes y
lazos de solidaridad que se desarrollan entre las organizaciones movilizadas en
puebladas como lo es en nuestro territorio en contra de la minería.
Afirmamos que la impunidad,
la represión y la persecución a los ciudadanos sigue siendo una finalidad de
las políticas de Estado del gobierno de Beder Herrera, porque la
criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para
sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa
de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares.
Los últimos acontecimientos
ocurridos tanto en la lucha obrera que vienen manteniendo los compañeros de la
empresa aceitera AMURAI como con nosotros , los vecinos de los pueblo de
Famatina y Chilecito, que se suman a otras tantas luchas, ponen de manifiesto
un patrón de conducta de las más altas esferas de gobierno que se viene
repitiendo y consolidando como forma de resolución de los conflictos suscitados
en torno a los derechos laborales y territoriales: la criminalización, represión
y judicialización de la protesta social.
Denunciamos que existe una
tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que
penden como una amenaza sobre la libertad de los ciudadanos y aumentando la
militarización de la zona pretendiendo generar miedo en los pobladores.
Responsabilizamos al
gobierno provincial del sistemático ejercicio de la de violencia institucional
que nos llevan al hartazgo popular quebrando los límites de la tolerancia y
alimentando una escalada de reacciones que puede terminar en el desborde total
de la situación con saldos aún más dolorosos.
No propiciamos ni acordamos
el recurso de la violencia, pero tampoco nos plegamos a hipócritas condenas
genéricas de la misma, que omiten sus raíces y licuan las responsabilidades de
sus provocadores. Por el contrario, condenamos el uso de la violencia
institucional y señalamos a las máximas autoridades del gobierno como sus
principales responsables.
Condenamos en particular el
uso del aparato legal-represivo del estado para ‘brindar ‘protección y
seguridad jurídica’ a las empresas, aún en contra de la desprotección y la
vulneración de los más elementales derechos y garantías constitucionales de
nuestras propias poblaciones.
Saludamos nuestras
reivindicaciones como una legítima defensa de los derechos y las condiciones
básicas sobre las que se asienta una auténtica vida democrática, y que supone
el respeto incondicional al principio de autodeterminación de los pueblos.
Convocamos la población en
general a adherir y sumar esfuerzos en defensa de nuestro territorio y los
bienes comunes del ambiente, por el respeto y la plena vigencia de los derechos
humanos y por la construcción de una sociedad en justicia y paz, por la vida
digna y sostenible, respetuosa de la con-vivencia social y ecológica.
Por último, renovamos
nuestra decisión de no permitir la
minería de ningún tipo en nuestra provincia anteponiendo un perfil agrario y
turístico a baja escala con apoyo a las economías sociales y solidarias en la
región.
No aceptamos censuras ni
pedimos permisos para ejercer el derecho a defender nuestro territorio
Frente al miedo que nos
intentan imponer, nosotros nos fortalecemos y unimos. Seguimos defendiendo
nuestra vida, nuestra agua y nuestros cerros. Seguimos defendiendo la
autodeterminación de los pueblos, el derecho a la protesta y la libertad de
expresión como pilares de una democracia real.
Resistimos a las injusticias
y abusos de poder que impiden el desarrollo democrático de los pueblos y la
participación activa en defensa de nuestros derechos fundamentales. Por ello,
invitamos a todos los ciudadanos a que ejerzan sus derechos por una sociedad
más justa, equitativa y sustentable.
“La mejor forma de expresión
del enojo es cuando te indignas por algo que te parece indignante. Uno tiene
que elegir cotidianamente de qué lado está: DEL LADO DE LOS INDIGNOS O DE LOS
INDIGNADOS” –Eduardo Galeano.
¡Gane quien gane, aquí no
habrá minería!
En
el Valle del Famatina, a los 27 días del mes de Abril de 2015
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